martes, 26 de octubre de 2010

Un futuro incierto para el área más diversa del país

Niños de la comunidad Ange, ubicada dentro del Parque Nacional Yasuní,
improvisan y adaptan sus juegos diarios al entorno natural en el que se desarrollan.
Alexandra Ávila | COCA

Áreas protegidas
Está marcado por la abundancia y la belleza. Allí, en medio de formaciones vegetales únicas, conviven diversas especies de aves, mamíferos y anfibios, que dan forma a una de las áreas más biodiversas del mundo. Según la Pontificia Universidad Católica de Quito, solo en 50 hectáreas existen más especies de árboles que en Estados Unidos y Canadá juntos.

El Parque Nacional Yasuní (PNY) es el área protegida más grande del Ecuador continental y una de las tres reservas de biósfera con las que cuenta el país (con las islas Galápagos y el Gran Sumaco), reconocido por el programa El hombre y la biósfera, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco). 

En cuanto a la fauna del PNY, el Ministerio del Ambiente ha determinado que existen más de 610 especies de aves, entre las que se destacan guacamayos, loras, tucanes, paujís y el águila harpía. Se han registrado 200 clases de mamíferos, que corresponden al 57% de toda la fauna de mamíferos del Ecuador. Entre ellos, 81 especies de murciélagos.
Un árbol matapalo, especie predominante en el área.
Sin embargo, debido a la expansión agrícola, deforestación y cacería indiscriminada de carne de monte (guanta, venado, entre otros), decenas de especies están en peligro de extinción y el mono araña y el chorongo ya desaparecieron. 

El PNY, cuya planta de guardaparques no llega ni a diez personas, también alberga algunas especies acuáticas de mamíferos como el manatí, el delfín rosado y la nutria gigante, según el Ministerio del Ambiente. 

Pero la riqueza de especies no es lo único que existe en ese pedazo de paraíso verde. Debajo, en las entrañas de la tierra se esconden millones de barriles de crudo que son apetecidos por las empresas petroleras y por el propio Estado.

Mientras que las comunidades Kichwa y Huaorani reclaman obras, educación, salud y territorio; y los denominados pueblos no contactados, Tagaeri y Taromenane, han demostrado en escasas apariciones que solo quieren impedir la destrucción de la selva, de su casa, según cuenta Esperanza Martínez, cofundadora de Oilwatch, red de organizaciones que dan seguimiento a los impactos petroleros locales y globales. Trabajan en campaña para proteger al Yasuní desde el 2006 en conjunto con su filial en Ecuador, Acción Ecológica.
La tortuga de tierra recorre las comunidades pobladas.
En el Parque se explotan unos diez pozos petroleros y con el ingreso de las empresas que los manejan aumentó la población. “La colonización no es accidental, es motivada por las empresas. Toda operación petrolera necesita alguien que cuide las instalaciones. Uno de los tantos casos es cuando la petrolera Repsol asumió el Bloque 16. Provocó una colonización de los mismos huaorani al abrir una carretera (Pompeya-Sucumbíos-Napo)”, relató Esperanza Martínez, de la Fundación Acción Ecológica.

Martínez asegura que el mayor daño que han hecho las petroleras es social y cultural. “Ellos hicieron que el pueblo Huaorani se vuelva un pueblo mendigo. Cada vez que abren un pozo negocian las bandejas de comida”.

En la última década se han desarrollado talleres y conferencias para reflexionar sobre los problemas que enfrenta el área protegida más grande y biodiversa del país, pero no se ha ejecutado ningún cambio trascendental que mejore el futuro incierto del Yasuní. 

Una muestra es el Plan de Manejo, elaborado en el 2002. En él se proponía identificar las áreas estratégicas que debían explotarse para el turismo, reforzar la seguridad del PNY con la implementación de guardaparques, impulsar proyectos sociales en beneficio de las comunidades; sin embargo, la aplicación de ese plan implicaba una inversión de medio millón de dólares y, según expresa David Romo, coordinador del Área de Biología de la Universidad San Francisco de Quito y miembro del comité de gestión del Parque, “el Estado le asignaba $ 4 o $ 5 mil hasta el 2004, y en el 2007 el presupuesto llegó a descender hasta $ 1.000”. Añade que “ese plan tenía vigencia hasta el 2004, pero jamás se aplicó por falta de recursos económicos”. 

Cuando se negociaba el tema de la licencia ambiental para el Bloque 31, el Comité de Gestión buscó que las petroleras financien el mantenimiento del área, pero el Estado solo negoció dos vehículos, que en vez de ir al Parque fueron para los funcionarios del Ministerio del Ambiente, destacó Romo. 
El Parque Yasuní alberga cuatro tipos de bosque y sus
temperaturas anuales oscilan entre los 23 y 25°C.
“Si no se logró superar ni una inversión de $ 10 mil para el Parque, ¿de qué avance hablamos?”, se pregunta. El presupuesto con el que cuenta esta entidad ahora debe repartirse con el funcionamiento de la Dirección Provincial del Ambiente en Coca.

Este Diario intentó comunicarse con el jefe del Parque, Santiago Bonilla, pero se encontraba en recorridos de campo dentro del Yasuní.

En ese plan operativo se propuso también el apoyo a las comunidades indígenas que viven en la zona. Sin embargo, Giovanni Rivadeneira, presidente de la comunidad Kichwa Añangú, recalcó que todo lo que su comunidad posee (transporte semanal por el río Coca, centro médico, energía eléctrica, escuela y colegio) es por su propio esfuerzo y por las utilidades que genera el turismo a través de la administración de una hostería ecológica. 

Guillaume Fontaine, coordinador del programa de investigación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, reseña que desde su creación, en 1979, el número de habitantes en la zona, la falta de coordinación entre los órganos administrativos y políticos del Estado que intervienen (Ministerio del Ambiente, Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, consejos provinciales de Orellana y Pastaza, y los municipios), no permiten que un plan de gestión se concrete. A esto, el investigador le suma el uso inadecuado de los recursos naturales, entre los que se destacan: la explotación de madera en la zona vía Auca, extracción de especies silvestres y el uso de métodos no apropiados (dinamita, barbasco, químicos) en las actividades de pesca.
La laguna de Angacocha es el hogar de grandes caimanes.
Los habitantes de las comunidades cercanas
respetan este espacio, donde los reptiles
se alimentan de especies más pequeñas.
Erradicar el problema de la tala indiscriminada de madera fina, como el cedro seique (que se va a Colombia), implicaría que el Estado entre a trabajar en las comunidades, pero hasta ahora a la “ministra (Marcela Aguiñaga) no se la ve impulsando algún plan en el Parque”, añade David Romo.

Este problema no es nuevo y nace de la delimitación del área. Según el Plan de Manejo, la superficie actual del PNY es de 982.000 hectáreas; sin embargo, el mismo Ministerio del Ambiente reconoce, en otros documentos, que no hay límites definitivos, y las instituciones locales lo confirman. 

Aunque el Plan de Manejo del PNY, elaborado en el 2002, admite que “existe una confusión sobre los límites de la Reserva y su zonificación no está todavía definida”, David Romo, director de la estación de Biodiversidad Tiputini, una de las estaciones que se encuentran dentro del Parque, recalcó que un plan verdadero significa definir mecanismos y alternativas para generar recursos económicos, dotar de educación y salud, tener una visión de largo plazo. Una de las alternativas que podrían garantizar el financiamiento de proyectos en la zona es la iniciativa Yasuní ITT, que aún espera los recursos internacionales. 

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